Tenían como centro de operación el municipio de Jacagua
Captaban a sus víctimas a través de anuncios publicitarios y luego las chantajeaban usando nombre de carteles de drogas
El Ministerio Público desplegó este martes la Operación XL526 contra una presunta estructura criminal dedicada a cometer estafas, extorsiones y chantajes contra residentes en Estados Unidos, así como al lavado de activos provenientes de esas actividades ilícitas.
La operación fue ejecutada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de distintas unidades de investigación y seguridad del Estado. Como resultado, fueron arrestadas 20 personas, entre ellas cinco señalados como cabecillas de la organización y otros seis presuntos integrantes de la red.
Otros ocho fueron detenidos con fines de investigación. El Ministerio Público persigue a otro hombre vinculado a la estructura criminal.
En el operativo participaron 35 fiscales que encabezaron 28 allanamientos simultáneos realizados en las provincias Santiago y Puerto Plata.
En la operación fueron arrestados Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, supuestos cabecillas de la red.
También, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario, a quienes el Ministerio Público señala como miembros.
Organización operaba desde Jacagua
El Ministerio Público informó que la estructura criminal tenía como centro de operaciones el municipio de Jacagua, en Santiago, desde donde ejecutaba de manera sistemática actividades de estafa, chantaje y obtención ilícita de fondos mediante el uso de herramientas tecnológicas y estrategias de intimidación.
Las investigaciones indican que los integrantes de la red captaban a sus víctimas a través de anuncios publicitarios y posteriormente las sometían a presiones económicas mediante amenazas y extorsiones basadas en guiones previamente elaborados.
Los imputados se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales para intimidar a las víctimas y exigirles pagos bajo amenazas, entre ellas el temido Cártel de Sinaloa.
«Con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas que exigían la entrega de dinero y a las que enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenaza», explica el Ministerio Público.